Miles de personas en todo Chile se han manifestado a diario, desde el pasado 18 de octubre, exigiendo dignidad, protestando contra el Presidente Sebastian Piñera y el modelo neoliberal con escasa presencia del Estado como garante de derechos como la salud y la educación.

La brutalidad con que las fuerzas de seguridad están reprimiendo las marchas, con camiones lanza-aguas, perdigones y gases lacrimógenos aún cuando estas son pacíficas, es una de las características de este estallido social, que ha dejado 23 muertos –cinco a manos de fuerzas del Estado– y más de mil heridos.

Diversos organismos internacionales han alzado la voz contra lo que los médicos chilenos han llamado una «epidemia» de mutilaciones oculares. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), más de 200 personas presentan graves heridas en sus ojos producto de balines disparados por carabineros, unas cifras inéditas en el país y el mundo.

Producto de los 30 días de movilizaciones, los parlamentarios acordaron la madrugada del 15 de noviembre la convocatoria de un referendo en abril de 2020 para preguntarle a la ciudadanía si quiere un nuevo texto constitucional y qué tipo de órgano debería redactarlo, algo que Piñera había rechazado al comienzo de la crisis y que tampoco ha conseguido calmar los ánimos en las calles.

Entretanto,La convulsión impactó en la economía, ese modelo ejemplar en cifras macroeconómicas que ha logrado dar el mayor ingreso per cápita de la región (unos 23 mil dólares anuales). El peso llegó a mínimos históricos y la Bolsa acumuló una pérdida por encima del 13%, aunque se recuperaron, mientras que Chile dejó de tener el menor riesgo país de la región.

Aquí una de las multitudinarias marchas realizadas en Antofagasta.